La administración de Luisa Ortega Díaz, ex fiscal venezolana que huyó del país tras su destitución por alentar la impunidad, permitió que el Ministerio Público dejara de investigar bajo su mandato irregularidades en el uso de divisas, acciones sediciosas, ecocidio y narcotráfico. Los delitos cometidos por escuadras de choque también fueron desestimados.
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